Segunda Declaración de la Comisió de la Dignitat

Barcelona 29.4.2004

Exigiendo al Gobierno español que devuelva
inmediatamente a sus legítimos propietarios el
patrimonio documental expoliado por el ejército franquista


Hace dos años que la primera Declaración de la Comisión de la Dignidad la firmaron personalidades, catedráticos y profesores de más de doscientas universidades de los cinco continentes, instando a las autoridades españolas a la devolución de los documentos expoliados por el ejército franquista retenidos en Salamanca y a suspender la Exposición “Propaganda en Guerra” como uno de los actos a celebrar el 2002 durante la capitalidad cultural europea de dicha ciudad.

Como respuesta a nuestra justa reclamación el Gobierno español se reafirmó en su total negativa a devolver ni un solo documento y, además, ejerció acciones para perpetuar el indigno robo como fue la adscripción de todos los fondos documentales catalanes al nuevo y expresamente creado Archivo General de la Guerra Civil. También el Gobierno del señor Aznar persistió en la programación de la exposición de esos documentos en los actos de Salamanca Ciudad de la Cultura 2002, mostrando una beligerante actitud que estamos seguro que hubiera ofendido a Melina Mercouri, creadora -como fue- de la idea de capitalidad europea de la Cultura; habría que decir que dada la acción directa de la Comisión de la Dignidad, la inauguración de la exposición se demoró dos veces, y cuando finalmente se inauguró, el 12 de noviembre del 2002, los organizadores ocultaron buena parte de la documentación catalana y así no estuvo accesible al público...

Nuestra primera Declaración recogió el espíritu de la larga y persistente reclamación de nuestro pueblo por el retorno de la documentación desplazada, sobre todo desde el mismo momento en que, formalmente, volvió la democracia al Estado español y se restablece la Generalitat de Cataluña. Es entonces que autoridades de la archivística y de la historia como Anscari Mundó y Josep Benet respectivamente, dan a conocer a la sociedad catalana la existencia de los fondos que están retenidos en el depósito de Salamanca.

Alrededor de la Comisión de la Dignidad se ha cimentado la firme voluntad de nuestro pueblo de recuperar lo que es suyo por legitimidad, desde las personas, entidades, organizaciones políticas y sindicales hasta las instituciones de Gobierno –y aquí queremos significar al Parlamento catalán y a los centenares de ayuntamientos del Principado de Cataluña y del País Valenciano que han aprobado mociones de adhesión a la primera Declaración y han reclamado sus documentos robados–, y todo se ha traducido en una importante repercusión en los medios de comunicación de casa y del extranjero (sobre todo en Europa y América). Fue especialmente significativo que Federico Mayor Zaragoza, ex director de la Unesco, también suscribiera la Declaración, en franca contradicción con la posición de la ministra de Cultura española de entones que apeló en más de una ocasión e inexplicablemente a los postulados de la UNESCO para "justificar" la continuada confiscación de nuestros documentos –es decir, ¡de nuestra historia!– en Salamanca. Igualmente significativo era que nuestra Declaración estuviera firmada también por la baronesa Gloria Hooper, ex responsable del área de patrimonio del Consejo de Europa, por Francesco Cossiga, presidente emérito de Italia, por Mario Soares, ex presidente de Portugal, por Joan Rigol, presidente del Parlamento de Cataluña, en fin, por los premios Nobel Adolfo Pérez Esquivel y Rigoberta Menchú, artistas, intelectuales, políticos, historiadores y archiveros de prestigio internacional.

Hoy, a finales de abril del 2004 y después que se haya producido la nueva mayoría que detenta ahora el Gobierno español, la Comisión de la Dignidad afirma que ha llegado el momento de una nueva Declaración pública sobre el tema de los llamados “Papeles de Salamanca”. Observamos con inquietud el silencio por parte del actual Gobierno socialista sobre este tema. Si bien en el pasado debate de investidura dos de las principales fuerzas políticas catalanas pidieron al presidenciable un pronunciamiento claro y conciso sobre esta reivindicación tan importante del pueblo catalán, pudimos ver perplejos como el tema quedaba del todo obviado en las respuestas del candidato. Si bien es verdad que hace poco la ministra del área a la que Gobiernos anteriores habían adscrito la potestad de nuestros documentos se ha referido al tema, sin embargo ha sido de una manera que nos recuerda demasiado el muy conocido "café para todos" que no muestra una voluntad clara de proceder a un acto de justicia.

A pesar de las promesas en el sentido de que el actual Gobierno español sería una "gran esperanza blanca" para Cataluña, la verdad es que todavía no hemos visto señales mínimamente prometedores en esta vital cuestión para nuestro pueblo. Hemos oído a un ministro decir que los derechos colectivos y históricos deben ser arrinconados para primar los individuales. Tampoco nos ha servido de ningún consuelo el hecho de saber que Alfonso Guerra haya anunciado que reclamará los papeles que el PSOE tiene en Salamanca si es que "los catalanes obtienen los suyos". Este tipo de argumentos, dignos del Ortega y Gasset más recalcitrante, sólo puede servir para alejar el conflicto del área de la ciencia y lanzarlo en brazos del enfrentamiento y el no-diálogo, elementos que son el cáncer de las sociedades avanzadas y libres. Recordemos que la demanda del retorno de los documentos expoliados quedaba recogida en los programas electorales de todos menos uno de los partidos políticos parlamentarios catalanes: es decir, CiU, PSC, ERC y ICV, siendo uno de los temas que más unanimidades y apoyos concita dentro de la sociedad civil catalana y su clase política. Señalaremos que las fuerzas políticas que defienden nuestra reclamación representan un 88% de los sufragios a las elecciones al Parlamento de Cataluña. Incluso el PP catalán llegó a pedir una "reconsideración" del tema al anterior Gobierno español.

Consideramos que el Gobierno español -y sobre todo el Partido Socialista Obrero Español- tiene una deuda con el pueblo catalán por lo que hace a los "Papeles de Salamanca". Tres de los cuatro ministros de cultura que tuvieron los Gobiernos de Felipe González se situaron a favor del retorno en su día. El día 6 de mayo de 1995 el exministro de cultura Jorge Semprún dijo que los que defendían el no-retorno de los documentos a Cataluña debían reunirse en la Plaza de Oriente de Madrid (como la extrema derecha) en vez de en la Plaza Mayor de Salamanca como lo habían hecho. Pocos meses después que Semprún hubiera hecho aquella declaración, la ministra Carmen Alborch defendió el retorno de los documentos, actitud que también mantuvo Jordi Solé Tura, sin que un cierto temblor de piernas de tipo electoralista dejara centrar la mano a la hora de la firma del acuerdo gubernamental (marzo de 1995) por el retorno. Pensemos que las circunstancias políticas actuales no sólo permiten, sino que exigen un urgente cumplimiento de la promesa de retorno de los documentos depositados en Salamanca y su entrega a los Gobiernos de Cataluña y del País Valenciano. No hay que olvidar que la Generalitat de Cataluña tiene la competencia exclusiva sobre su patrimonio histórico desde el año 1934, y ya se han cumplido 24 años desde que recuperara dicha competencia tras la dictadura...

El no cumplimiento de la promesa y un renovado periodo en que parece obviarse el problema pensamos que sería especialmente grave porque significaría la continuidad del oscurantismo y un nuevo menosprecio hacia todas aquellas personas e instituciones que reclamamos una superación de las heridas que todavía arrastramos desde el franquismo. En este momento de incertidumbre valoramos especialmente las declaraciones del señor Antonio González, director del depósito documental de Salamanca entre los años 1986 y 1994 y miembro de Archiveros sin Fronteras, pronunciadas en la ciudad de Valladolid el 30 de marzo pasado. El Sr. González insistió, textualmente, en "el derecho legítimo" de instituciones y particulares de Cataluña a recuperar todos sus documentos expoliados que están en el fondo documental de Salamanca. "Soy consciente" dijo "que un principio democrático elemental es que todo lo que fue incautado manu militari y como lección que atentaba contra los derechos humanos pueda reclamarse hoy" añadiendo que hacía falta "reconocer que los documentos pertenecen a la Generalitat de Cataluña". El Gobierno socialista de Madrid debería de tener en cuenta estas palabras en este momento especialmente propicio para los gestos y la expresión de buena voluntad.

Pues bien, la Comisión de la Dignidad (Comissió de la Dignitat) no quisiera pensar que los inquietantes silencios y las alarmantes señales aludidos en párrafos anteriores sean el presagio de la voluntad del Gobierno español de no dar satisfacción al pueblo catalán y a sus instituciones en esta vital reivindicación. El Gobierno socialista tiene una inmejorable ocasión para subvertir y desmontar las antidemocráticas y filofranquistas posiciones que caracterizaron al Gobierno del Partido Popular que le precedió. No esperamos menos de un Gobierno que ha sido posible en gran medida gracias a los votos de muchos catalanes. Tampoco esperamos menos de un Gobierno presidido por el nieto de un represaliado de la dictadura fascista, el cual, estamos seguro, no hubiera querido que un crimen franquista fuera obviado o bendecido por un nieto suyo.

Por lo tanto, la Comisión de la Dignidad, en nombre de la ciudadanía que nos da su apoyo, nos dirigimos al actual Gobierno español y apelamos a su sentido de responsabilidad, de justicia histórica y de fair play democrático -valores que últimamente han evocado dirigentes del partido que lo sostiene- con la siguiente demanda:


Exigimos al Gobierno español que se pronuncie de forma clara sobre la devolución de los documentos expoliados por los franquistas y retenidos en el Archivo General de la Guerra Civil, y emplazamos al señor José Luis Rodríguez Zapatero a dar respuesta inmediata a la demanda del pueblo catalán para la justa, rápida y eficaz restitución de su patrimonio documental secuestrado todavía hoy en Salamanca.


Barcelona, 29 de abril de 2004.