Los abajo firmantes, personalidades de todo el mundo en los campos de la archivística, la historia, la educación, las artes, la cultura, la política y los derechos civiles, conocedores de que, con motivo de la proclamación de Salamanca Ciudad Europea de la Cultura 2002, el Consorcio organizador de esta efeméride ha programado la Exposición "Propaganda en guerra", prevista del 5 de octubre al 22 de diciembre de este año, y debido al origen de los fondos documentales- y como fueron conseguidos- que piensan utilizar para dicha exposición, nos vemos en la necesidad de hacer la siguiente:


D e c l a r a c i ó n

Un porcentaje muy alto de los materiales que se quieren exponer en Salamanca es fruto del robatorio al que fue sometido el pueblo catalán -y, con él, su gobierno, ayuntamientos, organizaciones, asociaciones y personalidades- des de abril de 1938 cuando se inició la ocupación llevada a cabo por el ejército colpista del general Franco.

Los fondos documentales expoliados constituyen una parte muy importante del Archivo General de la Guerra Civil Española (comenzado en 1996): "Este Archivo General está formado en su núcleo principal por los documentos de la Delegación del Estado para la Recuperación de Documentos que el ejército de Franco obtenía selectivamente (...) durante la Guerra Civil (...) constituyendo una de las fuentes básicas de información para el Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo creado en 1940".

Ya que el Estado Español ratificó (9 de junio de 1960) el Convenio Internacional de la Haya sobre protección de Bienes Culturales en Caso de Conflicto Armado (14 de mayo de 1954), que defiende la inmunidad de los bienes y el deber de su salvaguarda frente a cualquier tipo de requisamiento o apropiación, ya sean conflictos internacionales o no.

Ya que el Consejo Internacional de Archivos, adscrito a la UNESCO, se ha manifestado repetidamente por lo que se refiere al derecho de los legítimos propietarios a exigir la restitución de la documentación objeto de expolio o sustracción por motivo de conflicto bélico (Resolución 46/10 de la Asamblea General de la ONU, 1991).

Y ya que desde 1978 hasta hoy, representantes electos de los catalanes y el mismo Parlamento de Catalunya por unanimidad (Resolución de 18 de mayo de 1989) han pedido reiteradamente la devolución de los documentos sustraídos -públicos y privados-, instamos a las autoridades españolas para que:

· Cumplan, sin más dilaciones, el acuerdo del Consejo de Ministros del Gobierno español (15 de marzo de 1995) que decide el retorno de los fondos.
· Suspendan y retiren de la programación de los actos que se celebrarán en Salamanca, la Exposición "Propaganda en guerra" en el caso que no se realice con el permiso y colaboración de la Generalitat de Catalunya.

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