La lucha por la repatriacion de los "Papers de Salamanca" y la Comissió de la Dignitat. Toni Strubell Trueta

La lucha por la depatriación de los llamados "Papers de Salamanca" se puede considerar una de las luchas más singulares de los catalanes por la liquidación del franquismo después de la desaparición física del dictador. Singular por la fuerza que un tema aparentemente marginal ha adoptado. Y singular, también, por el aporte ideológico y pedagógico que ha materializado a la hora de mostrar una de las caras más feas del tardofranquismo. Pero también singular por ser la visualización de un paso -en el terreno simbólico- por contrarrestar uno de los efectos, todavía corregibles, de la dictadura. Ya dijo el agudo profesor Paul Preston: "no pudiendo obrar la resurrección de los muertos ni la restitución de los destrozos perpetrados por Franco, que al menos procedan a la devolución de los documentos del Archivo de Salamanca. Que en ese campo sí se puede remediar algo". Y quizás estemos a punto de ver, al menos en parte, lo que en 2002 parecía poco menos que un milagro. Su devolución.

Dejando de lado su resultado, la lucha por los "Papers" ha sido -y es- una lucha especial en Cataluña. Ha aunado a la generación que conoció y sufrió el expolio documental perpetrado por el primer franquismo con otra generación más jóven consciente del tremendo bofetón que significaba que los demócratas españoles no quisieran saldar esa deuda en pleno siglo XXI. También ha unido a los herederos de los saqueos con los que, no habiendo perdido nada, veían la imperiosa necesidad de recuperar un patrimonio histórico que no tenía nada que ver con la ciudad de Salamanca. Tenían unos y otros la certeza de que en ningun estado de derecho democrático del mundo se aceptaría que no se devolvieran documentos en esas circunstancias, tal como apunta UNESCO. La preocupación también unió a gentes de muy diferentes perfiles: historiadores, archiveros, activistas culturales, políticos, y juristas, que, entre todos, crearon en el 2002 la Comissió de la Dignitat, una entidad dispuesta a que no se repitiese la frustración de 1995. En esa ocasión, al Gobierno español de Felipe González le tembló el pulso al querer decretar el retorno ante el ominoso "váyase Sr. González" del PP. Hoy, a la hora de escribir -en enero de 2006- seguramente estemos ante una devolución a Cataluña que si bien no podemos dejar de tildar de parcial, tampoco podemos dejar de considerar como "histórica", dados los antecedentes y los protagonistas.

La Gestapo, inspiradora del saqueo

Quizás hayan lectores que desconozcan el cómo y el porqué del expolio documental perpetrado por los franquistas entre 1937 y 1939. Siendo este artículo para Jakin, quizás sea de interés empezar por aclarar que el expolio tuvo mucho que ver con Euskal Herria. Habiendo triunfado el golpe de Estado en Nafarroa y Araba, cuando las huestes de Mola se preparaban a entrar en Bilbao, la máquina destructora apoyada por el Eje Berlín-Roma se prestó a dar un salto cualitativo. Ya no era suficiente eliminar a los enemigos en el fragor de la batalla, sino que había que ir refinando la operación aniquiladora en campos más allá del frente en si. Las mentes retorcidas del golpismo militar franquista empezaron a elaborar métodos y estrategias para acabar de suprimir al enemigo una vez conquistado los territorios en que resistía: Euskal Herria, Catalunya, el este de Aragón, partes de Andalucía, Cantabria, Asturias... Crearon unidades especiales para proceder a la sustracción de documentos estratégicos. La idea de fondo era de escrutarlos con la finalidad de conocer a sus enemigos y sus actos, para entonces proceder a su represión. En el depósito policial de Salamanca (luego fue rebautizado con el mucho más edificante título de "Archivo General de la Guerra Civil de España" crearon hasta tres millones de fichas de sus enemigos, incluso de niños de corta edad. En el depósito, activo policialmente hasta bien entrado los años 50 y luego mantenido como expeditor de certificados y historiales hasta el final del régimen franquista, habían llegado a trabajar hasta cincuenta guardias civiles, encargados del vaciado del contenido de los documentos. Los marcaban a lápiz para después proceder a la creación de fichas individualizadas. Los documentos allí retenidos (junto con libros, tampones, e incluso banderas catalanas, alguna de las cuales serían usadas como trapos para quitar el polvo, según cuentan los primeros visitantes del "Archivo"), no se catalogaron de manera archívistica al uso, sino que la institución, desordenada y caótica, tenía un claro cariz policial.

Un hecho que da indicios de la perversidad de la operación radica en saber quienes fueron cómplices e inspiradores de la misma. En Gernika la historia nos ha demostrado sobradamente que fue la Legión Condor quien perpetró la masacre, con la más que segura complicidad de Franco. En la operación de Salamanca, también vemos la misma mortal combinación. Todavía está por desvelar en su totalidad, pero todo hace indicar que las excelentes relaciones entre Ramón Serrano Súner y Hitler no sólo se limitarían a propiciar el paso masivo de refugiados republicanos catalanes, vascos y españoles a los campos de concentración nazis, notablemente Mathausen, campo que incluso fue construido por presos republicanos. También en el campo de la información hubo una muy real colaboración. Historiadores de toda solvencia han demostrado últimamente que la más que notoria presencia de nazis en el Estado español, a partir de 1937 y hasta el final de la II Guerra Mundial, no obedecía a un afán turístico. Hubo un apoyo logístico muy real en operaciones de todo tipo, y no fue ninguna excepción el campo de la información. A petición de Franco y Serrano Súner, la Gestapo incluso llegó a estalecer un despacho en Valladolid. En este respecto, creo que es digno de reproducir el siguiente párrafo de un artículo del economista Josep Vergés en Diari de Girona:

"La Sicherheitsdienst de la Gestapo, el sector de espionaje de la policia política de Adolf Hitler, montó en 1937 la operación conocida como el de los "Papers de Salamanca", con 200.000 kilos de documentos robados a los catalanes y guardados en el hospicio de niños de la calle Gibraltar del quartel general de Francisco Franco. El historiador del dictador Paul Preston ha destapado que el coronel de la SS Heinz Jost, condenado a muerte en Nurenberg, diseñó esta operación de "limpieza" en España (...) . El cuñado de Franco, Ramón Serrano Súner, encargó el saqueo al amigo de la familia, Marcelino Ulibarri. Después presidiría él mismo el tribunal de la represión, encargado de las penas de muerte. Sólo en el Camp de la Bota, hoy tapado por el Foro de los Especuladores, se fusilaron a 1.400 personas. Todo lo que no se llevaron (a Salamanca) fue destruido, como libros y revistas en catalán. Pero no lo quemaban como en Alemania, sino que hacían pasta de papel, mucho mejor negocio. Curiosamente la magnífica Plaza Mayor de Salamanca está construida también con el botín de guerra de la destrucción de Cataluña, en este caso la de 1714."

Como operaban los saqueadores

Después de varios titubeos organizativos y riñas entre carlistas y falangistas -éstos francamente más partidarios de la quema expeditiva de documentos y bibliotecas de los rojos- la entidad que finalmente se encargó del expolio y traslado de documentos a Salamanca tuvo el curioso nombre de Delegación del Estado para la Recuperación de Documentos. Curioso sobre todo por lo de "Recuperación". Su labor era la de entrar en las ciudades conquistadas a los republicanos, detrás de las columnas de choque franquistas, y hacerse con todos los documentos de entidades, instituciones y particulares afectos que pudieran. Tenían amplios listados de las entidades que debían saquear, y nunca mejor dicho, porque era en sacos que arrambaban con todo. Josep Cruanyes, en su excelente libro "Els papers de Salamanca. L'espoliacio del patrimoni documental de Catalunya" (Edicions 62, junio 2003) da todo lujo de detalles sobre la operación. Fueron miles los locales intervenidos en Barcelona. Varios centros sirvieron de almacén de recogida de un explio que duró varios meses. El propio Parlament de Catalunya fue uno de estos centros, una vez violada la institución por los socios de Hilter y Mussolini.

Los principales objetivos se la razzia fueron las sedes de los partidos políticos, sindicatos y casas particulares de personas conocidas por su militancia catalanista y de izquierdas. Los que habían luchado en el lado de la República. Pero también se cebaron en entidades tan poco sospechosas de peligrosidad "roja" como pudieron ser asociaciones corales, consultorios de medicina alternativa, grupos de teatro amateur, grups culturales. ¿A qué nos suena eso hoy? Paralelamente, las dependencias ocupadas por el Gobierno Vasco, como Passeig de Gràcia, 60, tampoco se libraron de las visitas de los expoliadores. En conjunto, de Barcelona se llevaron once vagones de tren llenos de documentos. En las comarques del resto del país, las cosas no fueron mejor. Varias ciudades fueron escogidas como centro de requisa, entre otras Lleida, València, Alacant y Vinaròs. Con posterioridad al expolio inicial, el carlista Ulibarri insistió con cartas requisatorias en su macabra obsesíón, que tuvo claras motivaciones antimarxistas, aniseparatistas y antimasónicas.

El profesor Paul Preston ha abundado en recientes actos de a Comissió de la Dignitat sobre el porqué de esta obsesión "anti". El anti-separatismo quizás no necesite demasiada explicación en esta publicación, dada la familiaridad que hay con esa constante en la enfermiza mentalidad política española tradicional. No en vano desde tiempos de Felipe IV, fomentar el anticatalanismo activo, como politica de Estado -tema magníficamente tratado por historiadores como Ricardo García Cárcel- ha sido una cosntante. Lo del antimarxismo tiene aspectos curiosos puestos al descubierto por Ricard Vinyes y el propio Preston. Los ideólogos franquistas perseguían al marxista porque lo creían enfermo. En el trasfondo de este pensamiento había un personaje turbio que, desde las entrañas del regimen, argumentaba "científicamente" que los marxistas eran fisiológicamente tarados. Que había que exterminarlos, incluso separar sus hijos de ellos. Se trataba del psiquiatra Antonio Vallejo-Nágera, jefe del servicio de Psiquiatría del Ejército, un hombre muy engarzado con la limpieza étnica o política que promulgaba el nazismo, con el cua se inspiró. Por lo que hace al odio a la masonería, Paul Preston se ha interesado en el caso del religioso franquista catalán, Juan Tusquets. Según Prestón, este integrista converso hizo un esfuerzo considerable para difundir lo que llegaría a conocerse como el mito del "contubernio judeo-masónico-bolchevique". Tusquets trabajó con el general Mola y con Franco, e insistitió en que se hiciera un vasto archivo sobre los masones. Este se convertiría, con el tiempo, en la base del fichero de Salamanca y en instrumento para la represión.

El "trabajo" de Tusquets, que como Serrano Súner luego intentaría maquillar su pasado, nos debe servir para refrescar la memoria a la hora de recordar que también hubo catalanes, incluso ex-catalanistas, que contribuyeron de forma muy destacada al horror que fue el franquismo. Baste con recordar los nombres de Eugenio d'Orso o Juan Samaranch. El propio Ramón Serrano Súner, que cambió el acento de su segundo apellido con el confeso propósito de descatalanizarlo, era hijo de Castelló de la Plana.

La conversión en "Archivo"

El macrodepósito policial de Salamanca, creado en la primera capital de Franco (erguida en una ciudad cercana a la frontera portuguesa por si fallaba el golpe militar), no salío de la lúgubre mecánica represora en muchos años. De allí emanaba la procesión de documentos e informes hacia juzgados y ministerios a la hora de dar base documental a los nombramientos -por un lado- y de las sentencias, por otro. Cualquier persona que obtara a un cargo en el franquismo debía pasar por la "vieja cristianidad" de certificados que lo probasen en Salamanca. Igualmente, el Archivo se piensa que sirvió para depurar un porcentaje nada despreciable del cuerpo funcionarial, con especial saña entre los maestros, clase tenida como la auténtica lepra republicana por los fascistas.

Con el tiempo, el depósito, siempre al mando de Ulibarri y de un sobrino suyo después, pasó a una vida más sosegada. Ya no se pedían tantos documentos para la represión, y sólo se certificaba para los cargos del franquismo y poco más. Joan B. Culla y otros investigadores catalanes, a quien se les había dado permiso para ver documentos en tiempos anteriores a la Transición, recuerdan unas dependencias sórdidas, con polvo y telarañas. Se sabe que en los inviernos, duros siempre en Salamanca, los guardias civiles encargados de la vigiliancia del depósito quemaban todos los papeles que querían para matar el frío. También habría que aclarar que de la enorme cantidad de documentación traída de Cataluña, Aragón, Euskal Herria etc., sólo vendría a quedar un 10%, habiéndose reducido a pasta de papel el 90% restante, siendo su elección realizada más o menos a ojo. Lo de la pasta de papel se explica, por otro lado, por la escasez de papel que sufría el aislado régimen franquista en general, y el Archivo en particular. Los responsables del Archivo lo vendían para financiarse el centro, y para hacer más fichas donde apuntar los nombres de sus enemigos. Josep Cruanyes evoca todos los detalles de la actividad en su magnífico libro, cuyo contenido hace muy difícil que alguien pueda reclamar que el Archivo haya sido una entidad académica o neutral. Otra cosa es que el Archivo fuera una entidad conocida por los propios salmantinos, los cuales, hasta 1995, no tenían, por lo general, ni las más remota idea de su existencia.

Historia de una reclamación. 1978-1995

Quizás uno de los documentos "indiscretos" más suculentos que haya encontrado Cruanyes en su periplo investigador en Salamanca, es uno que redacta el sobrino de Ulibarri poco antes de la llegada de la democracia. Advierte a sus superiores del peligro que suponía que, una vez democratizado el Estado español, los "catalanes" iban a insitir en la devolución de su patrimonio documental. Insiste que se blindara el "Archivo" y que de allí no saliera nada.

Es evidente que la "joven democracia española" surtió de muchos herederos al sobrino de Ulibarri y a sus preocupaciones. Naturalmente, el gobierno de Adolfo Suárez no procedió a su devolución. Fue entonces que se iba a producir una de esas situaciones tan maravillosas de la España eterna. Iba a ser Manuel Fraga Iribarne quien, con su firma, entrara en el registro del Congreso de los Diputados la petición del grupo mixto de que devolviera el Gobierno español los papeles a Cataluña. Esta muy comentada ironía nace no por los inquietudes políticas de don Manuel, ni que decirlo, sino por voluntad de uno de esos miembros mucho más asumibles de Coalición Democrática (nombre entonces del PP) llamado Antoni de Senillosa. Fue un político de derechas a la inglesa, digamos. La firma de Fraga, de todas formas, sería una de esos pecados de primera senectud que a Fraga nunca le dejarían olvidar ni los suyos ni los otros. A pesar de todo, la petición de Fraga/Senillosa fracasó y ya dijo el ministro de Cultura de entonces, Ricardo de la Cierva, que devolver los documentos equivalía a "poner en cüestión la unidad de España", frase recogida veinticinco años después por José María Aznar.

Pero Senillosa, por muy buena actitud que demostrara, no fue el único reivindicador. En una época en que, quizás, los partidos políticos ya instalados en el juego político tenían "cosas más importantes a que atender", el tema de la devolución de documentos era más frecuentemente recogido por historiadores y archiveros, o, en todo caso, por diputados del Parlament de Catalunya. Josep Benet, insigne luchador antifranquista y distinguido historiador, fue de los primeros en demandarlo. Le siguieron, en el tiempo, políticos de casi todos los partidos que hay o han habido en el Parlament, lo que demuestra la amplia acogida que tiene esta reivindicación en Cataluña. En el resto de los Països Catalans, la conciencia al respecto se iría agrandando con el tiempo.

El año 1995 fue un año especialmente importante en la lucha por la devolución. El partido de Pujol, que ayudó a mantener la mayoría de Felipe González en el Congreso entre 1993 y 1996, había incluido en su lista de reclamaciones menos urgentes el tema de la devolución. La Ministra Carmen Alborch, a pesar de intentarlo, vio como un gabinete acorbadado y perseguido por los escándalos del GAL se vio incapaz de aprobar finalmente la medida. Entonces, el PP, de la mano de Aznar, despertó a la posibilidad de recurrir a la propia base sociológica del franquismo para engordar su proyecto, ya sin complejos. Sería una gradual pérdida de inhibiciones que luego adoptaría tonos francamente atroces en la segunda legislatura de Aznar, y hoy en el discurso derechista de la FAES.

El tema de los documentos de Cataluña hospedados en Salamanca apareció ante el PP de 1995 como un magnífico regalo electoral. Sería todo un prototipo de explotación chovinista de la opinión pública digno de formar en el más casposo y filofascista de los manuales políticos. Aprovechaba el filón anticatalán que da cierta Castilla, exportable a toda España, una circumstancia que servirá para futuros escenarios, como el de hoy, aunque sea desde la oposición. Claro que la política local salmantina era un horno ideal para meter un bollo de esa guisa.

El año 1995 sorprende a la ciudad de Salamanca con un hecho nada frecuente: tiene alcalde socialista. Se llama Jesús Málaga. Por eso de las prioridades electorales, que no ideológicas, el "tema del Archivo" se va a convertir en una candente cüestión política. Las soflamas de "defensa del Archivo" nacieron, en un primer momento, como arma arrozadiza contra González desde las filas populares. En el Senado, un desconocido senador llamado Julián Lanzarote tejió todo un discurso patrio, basándose en leyes franquistas, para deslegitimar las peticiones de devolución. Y los socialistas de Salamanca, pensando que así podrían conservar la poltrona, picaron en el anzuelo, intentando rivalizar en casticismo conservador con la derecha más rancia. Casi todas las fuerzas políticas de Salamanca se juntaron a finales de marzo de 1995 para rasgarse las vestiduras ante la posible devolución a Cataluña de los documentos de una institución que, unos meses antes, ni sabían que existía.

La triunfal y previsible llegada del PP al poder en 1996 iba a marcar un período de ocho años muy negros, no sólo para los que reclamaban sus documenos, sino para la democracia en general. ¿Qué vamos a descubrir a los lectores vascos? Lo cierto es que los "defensores" del Archivo ante la pérfida Cataluña" llegaron a percibir que les hacía falta maquillar un poco su discurso con argumentos que no parecieran tan totalitarios e imperialistas. No debía parecerles muy funcional defender una posición desde el más puro chovinismo, y en contra de lo que, como sabe todo el mundo, es la posición de UNESCO: que todo documento "debe volver a su archivo de origen después de su forzoso desplazamiento en tiempo de guerra o conflicto". Entonces se inventaron lo de la "Unidad de Archivo", que marcará la postura de la caverna en el nuevo milenio. Era la consigna perfecta. Parecía científico. Y no sólo eso, sino que además era un reclamo ideal para apelar subliminalmente al ideal franquista. Como antes Ricardo de la Cierva, ahora la voz nasal de Aznar ya disparaba con eso de que "poner en peligro la unidad de Archivo pone en peligro la unidad de España". Y lo decía en serio. Cosa que, con el tiempo, y tras la victoria de la posición devolucionista, da que pensar ciertamente. ¡A ver si será verdad!

El período 2001-2002 iba a ser clave para la historia de la devolución. Fue entonces que nació la Comissió de la Dignitat, una entidad popular apartidista que se esforzaría por conseguir el retorno y oponerse a los planes de Aznar. En ese período, previo al cierre de Euskaldunon Egunkaria por ejemplo, la soberbía y el espíritu imperial del PP empezaba a no conocer límites, con el aliento que a veces le prestaba un infantilizado PSOE. Aznar entonces pasó a anunciar que el 2002 sería el "año de la decisión final" (sonaba a la "solución final" de los judíos por parte de Hitler) respecto a los famosos "Papers" de Salamanca. Junto con su conversa ministra Carmen del Castillo, ex-roja, se fueron tomando todos los pasos para que esa "decisión final" fuera la que hubieran querido Franco, Hitler y Ulibarri. En el mismo 2002 se montaron operaciones de distracción, con comisiones fantasmas "mixtas" que debían llegar a acuerdos. El hecho de que no hubiera acuerdo, lo que dice mucho en favor de los sufridos representantes catalanes en la comisión, permitió que el PP, como el mismísmo Rey Solomón, se decidiera por una de las partes. Como todo hacía suponer, esa parte resultó ser la España eterna. Por las declaraciones que proliferaron en esos momentos quedaba claro que si los documentos volvían a ataluña, marchaban de España. El tema se dio por "zanjado", verbo especialmente atractivo para los admiradores de Franco. Tanto los de admiración secreta, como los notorios. Salamanca 2002, ciudad europea de la cultura

Pero ese no fue el único tema mediático sonado del 2002, en relación a los "Papers". Hubo todo el escándalo asociado con "Salamanca 2002, ciudad euopea de la cultura". El Gobierno Aznar, junto con la Junta de Castilla-León, anunció sus planes de aprovechar la celebración de este evento para exhibir los documentos del Archivo en una magna exposición. No sólo se trataba de exhibir documentos robados por fascistas, sin invitar ni pedir permiso a sus legítimos propietarios, sino de hacerlo con la vitrina de un evento democrático, europeo y generosamente subvencionado. No quiero ni pensar como hubiera reaccionado Melina Mercouri, creadora del evento europeo, ante esta desfachatez. Hurgando entre los principios que guiaron a ese prestigiosa artista de la izquierda griega a crear la figura de las Ciudades Europeas de la Cultura, se encuentran frases como "profundizar en la democracia", "hermanar los pueblos" o "desterrar los totalitarismos". Es decir, todo lo contrario de lo que pretendían los señores Lanzarote y Aznar. Ellos querían untar las viejas heridas con sal como hicieron los fachas croatas a la protagonista de la última película de Isabel Coixet. Ni que decir que la protesta de mil intelectuales de todo el mundo ante esta aberración tuvo el silencio de las actuales instituciones europeas, conservadoras y estadocéntricas, como única respuesta. Lo que demuestra que practicar el bullying con una nación sin estado molesta más bien poco a los comisarios de Bruselas. Solo importan los estados. "Los problemas hay que solucionarlos dentro de los Estados" nos dicen. Mientras tanto, desde Madrid y París pueden implementar políticas en nuestro suelo que ningún europeo con estado admitiría. De esos polvos, los lodos de hoy: caso Egunkaria, la COPE, juicio 18/98, comparaciones de la lengua catalana con el baile flamenco, y lo que sea.

La situación hoy

Pero pasó el 11M primero, y luego el 14M. Y eso nos lleva a la situación más o meos caprichosa de hoy. La constancia de la Comissió de la Dignitat ha traído resultados positivos, pero no perfectos todavía. Se devuelven documentos del Principado, pero no del País Valencià. También deberían de volver los de Euskal Herria, Aragón y de cualquier nación o territorio donde el fascismo hubiera robado documentos. Es intolerable que esto, y tantas cosas más del pasado régimen, no se hayan arreglado. En este aspecto, la Comissió de la Dignitat, que seguirá luchando por la devolución de todos los documentos (valencianos, municipales etc.) está especialmente satisfecha con algunos aspectos de la Ley de 2005 que aprueba la devolución. Por ejemplo, su prólogo, cuyo texto ha sido elogiado por diversos juristas que ven en él un importante precedente jurídico para pasar a la condena y deslegitimación radical del régimen franquista, cosa que no se había materializado suficientemente en la legislación que hasta hoy íbamos sufriendo. Es una legislación que en muchos aspectos es una herencia de un régimen dictatorial que, para algunos sectores del poder español, sigue siendo un referente admirado y no superado. Es por eso que hay que seguir haciendo todo lo posible para conseguir que, algún día, lo que queda del franquismo se convierte en una distante pesadilla, y no una triste realidad diaria en no pocos ámbitos. Las libertades de las personas y de las naciones que hoy forman el Estado español y francés serán los grandes beneficiarios. El ejemplo del Archvo de Salamanca debe dar oxígeno a todos, en este aspecto, ya que se ha demostrado que con perseverancia, se puede vencer al totalitarismo y a las aberraciones subliminales e ideológicas que alberga.

Toni Strubell i Trueta

Coordinador de la Comissió de la Dignitat. 2006.1.16 Errenteria

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