Jornadas Parlamentarias, Madrid 31.03.2006, Congreso de los Diputados, Sala de Columnas

Señorías, compañeros, compañeros

Muy buenos días

En primer lugar quisiera agradecer en nombre de la Comissió de la Dignitat la invitación a participar en estas interesantes Jornadas Parlamentarias al lado de distinguidas asociaciones y personalidades hermanas en la lucha por la recuperación de la memoria histórica democrática. La Comissió de la Dignitat se creó en 2002 en Cataluña y el País Valenciano y es hoy una entidad que cuenta con el apoyo de la Generalitat de Catalunya, más de 700 ayuntamientos, la totalidad de partidos de más tradición democrática de Cataluña y Valencia y un sinfin de entidades y personalidades, tanto en nuestro país como internacionalmente. En junio de 2002 la Comissió hizo público un manifiesto internacional que contó con el apoyo de varios premios Nobel, ex jefes de gobierno y más de mil personalidades reconocidas en el mundo cultural, archivístico y universitario internacional. La Comissió de la Dignitat recoge una vieja aspiración que se concretaba -y en parte se concreta todavía- en la voluntad de catalanes y valencianos de recuperar los documentos expoliados durante la guerra civil por los franquistas. Cabe recordar que estos expolios se realizaon con oscuros fines represivos y bajo la supervisión de oficiales de la Gestapo alemana con base en Valladolid. Como sin duda saben ustedes, los documentos fueron incautados a toda suerte de entidades, instituciones y personas particulares en territorio ocupado por los franquistas entre 1938 y 1939. Pero al recuperarse la democracia, nunca fueron devueltos a sus legítimos propietarios como cabría imaginar. En este sentido, y una vez subsanado en parte el problema, queremos aprovechar esta ocasión para dar las gracias a Izquierda Unida, y a los demás grupos de la cámara, por aprobar, el pasado 15 de septiembre, la Ley de devolución a Cataluña de estos documentos. Cabe decir que nos hubiera gustado que esa Ley hubiera contemplado la devolución de todos los documentos expoliados por el Franquismo a todas las personas e instituciones, y que también hubiera previsto la devolución de los de los ayuntamientos. Esperamos que la futura Ley de la Memoria incluya esta reivindicación tan sentida tanto en Cataluña y el País Valenciano, como en otros pueblos del Estado como el País Vasco y Aragón. Creemos que es una imperiosa deuda de esta institución para con la democracia que estas devoluciones se produzcan a todos los pueblos y entidades que las soliciten. El profesor Paul Preston dijo el pasado mes de noviembre que ya iba siendo hora de que el Estado corrigiera los crímenes del Franquismo que todavía se podían corregir. Así, para que podamos hablar de coherencia global y plena superación del Franquismo, debería de continuarse la acción correctora iniciada en 2006. A título de ejemplo, entendemos que hoy no hay razones democráticas que puedan oponerse a la devolución a sus legítimos propietarios de los documentos municipales de Sort, Tarragona y demás municipios catalanes y estatales a quienes fueron incautados; o que puedan oponerse a la devolución de la documentación de los Tribunales de Valencia al Arxiu de Montcada. También habría que proceder a la devolución de la Caja 121 al municipio de Mas de las Matas en Aragón y de la documentación del Gobierno Vasco, entre muchos otros fondos expoliados. También creemos que deben ser plenamente democratizados y puestos al alcance de los interesados todos los archivos relacionados con la Guerra Civil y la represión franquista, algunos de ellos paradigmáticos, como el de la Brigada Político-Social y el del TOP. Para la Comissió de la Dignitat, toda esta preocupación para con los archivos tiene que ver tanto con la preservación del legado histórico en el sitio adecuado como con la necesidad pedagógica de preservar los valores democráticos desde el conocimiento de los fundamentos en que se basa el sistema de libertades de las comunidades modernas.

Lo que no acabamos de entender en relación a la superación del Franquismo y a la recuperación de la memoria histórica, es que todavía haya algún grupo empeñado en poner obstáculos a este tipo de procesos. En este sentido, cabría preguntarle a este grupo - por si esto no fuera así - ¿por qué fomentó y financió, mientras gobernó, a la Fundación Francisco Franco, que tiene en su poder un archivo público del que fuera cuarenta años Jefe del Estado? O ¿por qué un destacado miembro de este grupo, Manuel Fraga Iribarne, en su etapa de ministro, financió y encargó a Ricardo de la Cierva tantas publicaciones históricas de elogio a Franco? Creemos que debe ponerse coto a la propuesta de destrucción y olvido de la memoria colectiva que algunos parecen todavía promover con corrientes revisionistas inspiradas por un espíritu que sólo podemos pensar que es nostálgico del franquismo. En contraste con estas tendencias, estamos seguros que estarán de acuerdo las demás entidades ponentes de estas Jornadas, que debemos afirmar que no podrá considerarse plena la reconciliación superadora de la Guerra Civil sin el pleno reconocimiento y restitución de las víctimas del Franquismo. Las víctimas no deben desdibujarse ni perderse de vista con argumentos de tipo negacionista que algunos promueven impunemente. Hay que denunciar que todavía haya quien tienda a jugar con los conceptos para evitar que se aclare el entramado represivo franquista con la excusa, quizás, de que estos hechos estén oficialmente "amnistiados". Para los asuntos morales y éticos, no debe haber amnistia que valga. En el mundo archivístico, también hay que denunciar que estos mismos sectores hayan intentado jugar con una falsa interpretación del concepto de "Unidad de Archivo", que sirvió de letanía y pretexto a una campaña de bunkerización del Archivo de Salamanca, antes sito en la calle Gibraltar de ese magnífico municipio, ahora convenientemente rebautizada con el nombre de "Expolio".¿A quién se le resiste una lectura subliminal del hecho cuando el propio Sr. Aznar aseguraba hace tres años que la devolución de los documentos a Cataluña equivalía a romper la unidad del Estado? Y si a alguien le parece excesiva la pregunta, ¿qué otra lectura se nos permite de esa trasnochada obsesión por retener los documentos de los vencidos, que no de los vencedores?

De todas formas, hay que consolarse en la certeza de que corren malos tiempos para los que quieren seguir tapando los diversos agujeros negros que quedan del Franquismo. En este aspecto hay que celebrar que el pasado día 17 de marzo, el Consejo de Europa haya tomado cartas en el asunto, con la condena de las múltiples y graves violaciones de los derechos humanos que se perpetraron durante el régimen franquista. Sin embargo, hay que lamentar que todavía sea necesario tomar este tipo de iniciativas, tanto en Europa - donde este tipo de condenas hubiera sido saludable de oficializarlas muchos años atrás - como en el propio Estado. También da que pensar que la resolución aprobada por el Consejo de Europa todavía vea la necesidad de instar a España a honrar a las víctimas del Franquismo. En este sentido, un "Año de la Memoria", o varios de ellos, serán utensilios muy necesarios para potenciar los vitales asuntos pendientes a los que han aludido (y sin duda aludirán) los compañeros y las compañeras ponentes de las asociaciones hermanas. Son políticas correctoras que debieron de empezar a aplicarse hace treinta años y que alguien debería de explicar por qué, y en beneficio de quién, no se hizo.

En cuanto a la problemática concreta, la Comissió de la Dignitat considera que todavía restan como auténticas heridas sangrantes de la historia diversos temas, todos ellos pendientes de urgente reparación. Creemos que esto se debe abordar dentro de un contexto solemne e institucional, pero a la vez popular y participativo, que busque fomentar la memoria histórica y la cultura democrática. En este aspecto creemos prioritario emprender acciones respecto a los juicios y las penas franquistas, cuyo sentido moral todavía latente debe de ser anulado. Para muchos catalanes resulta increible que se haya tenido que esperar al 2005 que un alto cargo del Gobierno Españo se refiriese públicamente al caso de Lluís Companys, único presidente de un páis europeo democráticamente elegido fusilado entre 1936 y 1945. Es además prioritario que a las víctimas se les rehabilite material y moralmente, como también tendría que darse un impulso enérgico para establecer criterios claros de actuación en el campo de las fosas comunes. Igualmente habría que emprenderse, sin más dilaciones, la modificación de la Ley 43/1998, para así hacer efectiva la restitución o compensación de los bienes incautados por el franquismo a los partidos políticos, entidades y sindicatos afectados. También creemos prioritaria la supresión de los símbolos franquistas que todavía quedan entre nosotros. En este aspecto creemos prioritario el reciclaje del Valle de los Caídos, para el cual se debería buscar otro uso más edificante y pedagógico, de claro sentido antifascista. En paralelo a este tipo de actuaciones, debería de prohibirse la concesión de subvenciones a entidades que promuevan la apología del fascismo, el nazismo o el franquismo. A todos estos temas hay que darles una salida democrática. Globalmente creemos que es vital no perder un segundo más para acometer estas reparaciones a través de iniciativas en cada nación, región o comunidad del Estado y a través de leyes estatales como la Ley de la Memoria que hoy nos ocupa. Y lo creemos por muchas razones, principalmente por el hecho de que su no resolución seguiría mandando un mensaje subliminal de tolerancia con estos hechos, una tolerancia que no es otra cosa que un sutil y constante insulto a la democracia. En este sentido cabe preguntarse ¿qué sentimiento le puede embargar al ciudadano de a pie cuando todavía ve escudos franquistas en edificios públicos? ¿O cuándo oye como desde radios con licencia oficial se puede practicar impunemente una apología más o menos explícita del Franquismo y de sus actitudes intolerantes? ¿Cómo se puede exigir a ese ciudadano que luego sea respetuoso con la diversidad y la democracia? Con todo, y tras la experiencia de los últimos años, nos felicitamos de la existencia de múltiples iniciativas y grupos en todo el Estado que buscan con entusiasmo e imaginación la reparación de estos males. Hay que animarles a seguir. Estamos convencidos que en breve tiempo se llegará a buen puerto en muchos de estas iniciativas. Para la Comissió de la Dignitat ha sido especialmente gratificante colaborar y entrar en contacto con muchos de estos grupos, en primer lugar, con las invitadas a intervenir hoy en estas Jornadas. También quisiéramos aprovechar la ocasión, aunque sólo sea para mencionarlas, para expresar la gratitud de la Comissió de la Dignitat por la colaboración y el apoyo prestados por otras asociaciones no presentes hoy como son, entre otros, Salamanca Memoria y Justicia, Ciudadanos por el Patrimonio de Salamanca, el Foro de Izquierdas-Los Verdes de Salamanca, la revista Jakin, el Grupo de Estudios Masinos de Mas de las Matas en Teruel o la Asociación de los Pozos de Caudé, también de Teruel. Hemos podido comprobar que es magnífica la labor que realizan estas entidades en pro de la recuperación de la memoria histórica y la solidaridad entre los pueblos. En relación también con las relaciones muy estimulantes que esta Comissió ha podido entablar durante los últimos años, también destacaríamos la colaboración de salmantinos de pro como el periodista Anibal Lozano (quien perdiera su columna diaria en un periódico por defender el retorno de los documentos en octubre del 2002), Teresa Carvajal y el profesor de historia de la Universidad de Salamanca José Luis de las Heras, distinguidos los tres con el Premio "Dignitat". En este aspecto, también nos es especialmente grato de recordar, por lo que representa de valentía y reencuentro con la historia, la carta publicada en El País en noviembre del 2005 por más de cuarenta miembros de la familia Unamuno. En ella se denunciaba el uso que había hecho el actual ayuntamiento de Salamanca de una frase pronunciada en 1936 por su antepasado Miguel de Unamuno: "Venceréis pero no convenceréis". Con ello pretendía el PP oponerse a un acto de restitución democrática en flagrante contradicción con el sentido con que Unamuno la había pronunciado originalmente. La Comissió de la Dignitat quiere agradecer públicamente el gesto de la familia

Abundando de nuevo en el tema de la superación del franquismo, la Comissió de la Dignitat también ha creído oportuno de apovechar esta ponencia para transmitir a ustedes la opinión de siete personalidades catalanas ante la problemática que hoy abordamos. Creemos que estas opiniones pueden ayudar a entender el sentimiento de un buen segmento de la sociedad catalana. Les hemos preguntado, en primer lugar, si creen suficientemente expulsado del cuerpo sociopolítico del Estado español actual el virus del Franquismo; en segundo lugar, y si no fuera así, les hemos preguntado qué se debería de hacer para que la recuperación de la memoria histórica y la democratización del Estado fueran más completas en este aspecto.

La primera persona a que planteamos esta cuestión fue el distinguido historiador y antiguo senador Josep Benet. El nos comentó que ve deficitario el grado de democratización del Estado y deficiente la aceptación, a muchos niveles, de su carácter plurinacional y plurilingüe. Como historiador nos apuntó la necesidad de democratizar y actualizar las instituciones archívisticas estatales, militares y civiles "encara regits amb falta de voluntat de servei al poble, i que caldria proveir de transparència i descentralització per tal que es pogués conèixer el passat recent". También preguntamos al artista Carles Fontserè, luchador por la devolución de sus carteles expoliados. El considera poco aceptable la manera en que se hizo la Transición porque se ésta se realizó "sota la vigilància de l'exèrcit i en gran mesura al marge de la voluntat popular." Heribert Barrera, expresident del Parlament de Cataluña y largos años exiliado, también opina que la actual configuración del Estado defrauda a muchos catalanes porque, según opina, sustituye la teórica autonomía política con una concentración sin precedentes del poder económico y cultural lejos de la periferia. Rosa Carrasco, hija de un dirigente demócrata cristiano fusilado en Burgos en 1937, va más lejos y opina que la llegada de la democracia no acabó, en algunos aspectos importantes, con la filosofía de la "Una, Grande y Libre". "La transició no s'acabarà mentre perdurin els posseïdors de la veritat absoluta. Cal un coneixement mutu que portarà al respecte i a l'entesa". Ignasi Riera, diputado en su día de Iniciativa per Catalunya, opina sobre la pereza que ha habido ante una democratización real: "Som, col.lectivament, un malalt a qui fa mandra tornar a la revisió mèdica preceptiva. Potser perquè intuïm que encara no l'hem superat, el càncer. I ens fa angúnia el procés indispensable de quimioteràpia." Jordi Carbonell, profesor torturado y calificado de "enfermo mental" por declarar en catalán ante la policía armada en 1971, opina lo siguiente: "Ni el franquisme ni els franquistes no han desparegut de la política de l'Estat espanyol". Pedro Morón, periodista y vocal de la entidad Els Altres Andalusos/Los Otros Andaluces, opina que "no se ha hecho justicia en absoluto llegándose incluso a tolerar asociaciones franquistas. Ni muchos familiares de fusilados saben donde están sus muertos ni se han devuelto, todavía, 69 años después, todos los documentos expoliados y retenidos en Salamanca". Estas son las opiniones de siete destacados catalanes representativos de diferentes sectores. Juzguen ustedes si en Cataluña se cree suficiente el esfuerzo por superar la dictadura y lo que representó. La sensación en Cataluña de cierta incompatibilidad con el Estado es una realidad que sólo un desaprensivo no vería. Quien dude de ello sin duda no supo sacar consecuencias de la multitudinaria marcha que colapsó enteramente el centro de Barcelona, entre la Plaza Espanya i la Plaza Catalunya, el pasado día 18 de febrero.

En contraste con estas sensaciones cada día más extendidas en Cataluña está el tópico según el cual se nos insiste que la transición en el Estado fue "modélica". Victoria Prego nos lo vendió encarecidamente en una serie televisiva. Si con esa visión se nos quiso decir que fue buena porque no hubo otra guerra civil, se puede compartir. Ahora bien, otra cosa es que la Transición permitiera un concepto más generoso de justicia histórica o la plena equiparación de vencidos y vencedores. A quien hoy piense que pedir esto era utópico en España se le debe recordar lo que ocurrió en Sudáfrica y en algunos países de centro y sur América en los años 80 y 90. Allí también soportaban amenazas para la democratización muy parecidas por parte de los poderes fácticos. Sin embargo, en su seno materializaron procesos mucho más ambiciosos de reconciliación, con un proceso más generoso de rehabilitación de las víctimas, sin caer nunca en persecuciones vengativas. En países como Sudáfrica y Perú, por ejemplo, se puso todo el empeño en oír, atender y recompensar a las víctimas de gobiernos abusivos. Se tomaron iniciativas muy positivas como la creación de las comisiones de la verdad. Se propusieron saber qué había pasado y, en la gran mayoría de casos, sin penalizar judicialmente a nadie. Se hizo pensando en las víctimas y la democracia, no en castigar. Los juicios fueron morales, en todo caso, factor éste vital para crear un nuevo clima sociopolítico y moral. Por otro lado, en Alemania, después del horror nazi, hubo una docena de máximas penas en Nuremburgo. Pero mucho más importante que esto, sin duda, fue la introducción de la apología del Nazismo como delito. En España, en cambio, se consumó un nada sutil pero muy efectivo proceso de maquillaje y disimulo de los crímenes franquistas. Se llegó a la suma paradoja de que la amnistía del 1977 amparara a víctimas y verdugos, acción que tuvo su eficaz complemento en la criminal destrucción de los fondos archivísticos del Movimiento como medio consciente de destruir la memoria. Tal acción, recordémoslo, fue perpetrada por un excargo del franquismo a quien su partido no tendría ningún inconveniente, un cuarto de siglo después, en nombrar comisario del caso "Prestige". Todo esto nos ha llevado a una kafkiana situación actual en que incluso hemos podido ver importantes magistrados del Estado aireando sus elogios al Franquismo sin ningún peligro de sanción más allá de la consternación creada en los medios de comunicación de medio mundo. Paralelamente, sólo fue mucho después del intento de llevar a juicio al dictador Pinochet que otro juez español sugeriera la necesidad de hacer algo similar en España. ¿Por qué en esto España también es diferente? ¿Por qué esta hipocresía? Es demasiado fácil defender la democracia y la libertad de los pueblos que están a miles de kilómetros mientras se es incapaz de afrontar colectivamente el horror y el crimen que hubo en un país en que, como se ha revelado últimamente, se iba poco a la zaga de la Alemania nazi en cuanto a número de campos de concentración.

En este aspecto, y visto desde Cataluña, y me consta que desde otros muchos puntos más, son no pocos los aspectos de la España actual que siguen hiriendo susceptibilidades. Me voy a permitir nombrarles algunos más. Para empezar, es indignante ver como dos diputados de esta cámara, Joan Herrera y Joan Tardà, hayan podido ser insultados por sugerir planes alternativos para la homologación democrática del Valle de los Caídos y por plantear otras medidas en aras a revivificar la memoria democrática. Añadiría también, que resulta irritante la fiscalización pretendidamente moral que se hace de la idea de la unidad de España por parte de la Iglesia Católica oficial, a cuya Conferencia Episcopal se le deberían de pedir explicaciones por ciertos contenidos denigrantes y poco democráticos de la cadena COPE, de la que es accionista mayoritario. Recordemos que "Unidad de España" e "Iglesia" fueron dos de las principales divisas del Franquismo. En otro plano, y visto de nuevo desde Cataluña, resulta francamente humillante que se introduzca legislación que permite que los jueces puedan ejercer en Cataluña sin conocer para nada nuestra lengua nacional. Es inaudito. En todo caso es una prueba más de que para el Estado pesan mucho más los intereses corporativos de ciertos sectores que otras consideraciones. En este aspecto cabría preguntar ¿en qué país de la Unión Europea los ciudadanos aceptarían algo similar?

Pero tristemente hay más. Es lamentable tener que ver como, en pleno siglo XXI, al morir un antiguo colaborador de los nazis y provedor de materia prima para los Campos de Concentración, como fuera Ramón Serrano Suñer, se le dedicaran amables necrológicas incluso en algunos medios de honda raigambre democrática. Por otro lado, y visto desde los países de habla catalana, el País Vasco, Galicia y buena parte de Sudamérica, resulta incomprensible que alguien haya animado al Jefe de Estado a afirmar, en un discurso, en fecha tan reciente como el 12 de octubre de 2001, que el castellano nunca haya sido un idioma impuesto. ¿Cómo habría que interpretar que, ante tal desencuentro con la verdad, no se haya producido hasta la fecha un solo gesto corrector a nivel oficial? Son episodios que sugieren a muchos catalanes que existe un gran vacío de sensibilidad en la España actual hacia lo que significó que el franquismo haya borrado nuestro idioma de las aulas, de los actos oficiales e incluso de las lápidas de los cementerios durante largas décadas del siglo XX. Igualmente preocupante para Cataluña es el hecho de que, según algunas encuestas, un buen número de españoles piense que los catalanes sólo hablan catalán ante ellos "para fastidiar", lo cual seguramente es otra herencia del franquismo. Por lo menos así es como pensaba un ex director de La Vanguardia nombrado por Franco. ¿No habría que corregir esto como prioridad? Quizás habría que añadir que a lo mejor estas preocupaciones serían menores si no se hubieran visto agudizadas ante las airadas y poco respetuosas reacciones que se han dado, y siguen dándose, ante el debate del Estatut.

Pero quizás lo más bochornoso de todo, y visto, insisto, desde Cataluña, es el hecho de ver como a un partido que se proclama democrático casi siempre se le ocurren excusas para no condenar abiertamente el Franquismo en las diferentes cámaras parlamentarias del Estado cuando se ha planteado este tema. De ello ha habido repetidos casos en los últimos lustros. Estamos seguros que hoy ese fenómeno no existiría si la Transición se hubiera hecho de una forma más democrática y razonable. Seguro que así se hubiera comprendido mejor la composición multilingüe, multicultural y multinacional del Estado.

Hoy el Estado español debe decidir si quiere aprovechar una nueva ocasión para reconciliarse con su memoria. Quizás los interesantes acontecimientos ocurridos en el País Vasco recientemente ayuden a ello. No hacerlo sería una nueva decepción que sin duda ahondaría la preocupación de la opinión pública catalana respecto ante las actuales limitaciones democráticas que todavía se perciben en el Estado, muchas de las cuales se viven como auténticas imposiciones. Recordemos, en este sentido, que la voluntad de suprimir las libertades nacionales del pueblo catalán fue una de las razones que impulsó a los franquistas a activar el levantamiento militar de 1936. Mientras el Estado español no pierda el vértigo a dejar que el pueblo catalán decida libremente su futuro, y mientras exista una situación en que la voluntad expresada por el 89% del Parlamento catalán reciba el trato que recientemente se le dispensó al Estatut en esta institución, muchos catalanes no se sentirán respetados como ciudadanos, ni satisfechos con el grado de libertad y democracia que les proporciona un Estado en el que, lamentablemente, todavía quedan demasiados tics, realidades plásticas y leyes directa o indirectamente atribuibles a la dictadura franquista. Muchas gracias.

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