Carta a Viviane Reding, Comissària de Cultura del Consell d'Europa. Castellano sept.2002

Comissió de la Dignitat
Apartat de Correus 9034
08080 Barcelona
Cataluña, España.
20 de agosto 2002


Mrs Viviane Reding
Member of the European Commission
responsible for Education and Culture
Distinguida Sra Viviane Reding

Desde 1985, fecha en que Mélina Mercouri y el Parlamento Europeo tuvieron la magnífica idea de institucionalizar la idea de la "Capital Europea de la Cultura" cada año, el proyecto ha servido para promocionar la causa de la cultura y para fortalecer los vínculos de unión entre los pueblos de Europa. También ha servido para promocionar el turismo cultural y para impulsar valores asociados con la democracia, la tolerancia y la diversidad cultural. Es, pues, una institución que todos los europeos deben de apoyar y de la cual deben de enorgullecerse.

Este año la Comisión Europea ha proclamado Salamanca como una de las dos Capitales Europeas de la Cultura. Mientras que hay que estar plenamente a favor de la selección de esta espléndida ciudad española para esta capitalidad -una elección que consideramos muy correcta- creemos que estamos en la obligación de llamar la atención sobre algunos aspectos asociados con el programa de Salamanca 2002 que pudieran chocar con una o más de los conceptos expuestos más arriba.

Como sin duda sabrá, el 15 de octubre de 2002, los organizadores de Salamanca Ciudad Europea de la Cultura 2002 han programado la inauguración de una exposición bajo el título de "Propaganda en guerra", en que se exhibirán "carteles y documentos" asociados con la Guerra Civil española. Estos materiales se almacenan, en la actualidad, en el Archivo General de la Guerra Civil de la misma ciudad de Salamanca. De entrada, esta iniciativa puede parecer de un gran atractivo. Sin embargo, la verdad es que la inclusión de esta exposición en la programación está suscitando polémica no sólo en España, sino incluso a nivel internacional. En este aspecto cabe destacar que más de 600 catedráticos y profesores universitarios de más de 200 universidades de los cinco continentes han mostrado hasta la fecha su oposición a la exposición tal como está planteada con su firma de la Declaración por la Democratización de los Archivos que acompaña esta carta. También han manifestado su apoyo a este texto, con su firma, personalidades muy significativas de diferentes campos, entre las cuales cabe distinguir a Federico Mayor Zaragoza, ex-Director General de UNESCO, Francesco Cossiga, Danielle Mitterand, Mario Soares, Gloria Hooper, Rigoberta Menchú, Adolfo Pérez Esquivel, Nawal el Saawadi, Paul Preston y Noam Chomsky, así como también diversas personalidades del mundo de la cultura como Mikis Theodrakis, Georges Moustaki y Peter Gabriel.

¿Por qué se ha hecho sentir con tanta insistencia esta oposición? La razón principal es la postura que tiene el Gobierno español ante el tema de la propiedad y el uso de los materiales que se van a exponer. No se ha tomado en cuenta la reprobable manera en que estos documentos llegaron a Salamanca hace 63 años. No se han tomado en cuenta los criterios de UNESCO sobre la necesidad de devolver a sus archivos de origen los archivos desplazados en tiempos de guerra o conflicto. Lo cierto es que una buena porción de estos materiales fue expoliado por el ejército golpista de Franco en 1939. Se produjo este pillaje a costa de archivos pertenecientes a instituciones democráticas como el Gobierno catalán (Generalitat de Catalunya), los ayuntamientos republicanos, los sindicatos (como UGT o CADCI) y los partidos políticos (como ERC y PSUC). Paralelamente, muchas familias se vieron afectadas por el saqueo de archivos privados como ha denunciado últimamente Teresa Pàmies, autora galardonada el año pasado con el prestigioso Premio de Honor de las Letras Catalanas. También está retenido en Salamanca los documentos particulares de la familia Rovira i Virgili, entre los cuales figuran escritos inéditos del que fuera Vice-Presidente del Parlamento de Cataluña. Las reclamaciones de los afectados no han recibido ningún tipo de satisfacción.

El régimen de Franco amasó todos estos documentos y los envió en trenes especiales a Salamanca con el único propósito de escrutinarlos con vistas a perseguir todo individuo que figurase en los mismos como afecto a la República y a las instituciones autonómicas catalanas, o, claro está, desafecto al nuevo régimen golpista. Esta operación de envergadura desembocó en la confección de más de tres millones de fichas policiales que a su vez provocaron una de las operaciones de represión más brutales de las que se tiene memoria en Europa. Los fusilados, encarcelados y represaliados se contaron a miles.

A pesar de la decisión de un Gobierno español anterior de retornar estos documentos en marzo de 1995, su forzosa permanencia en Salamanca durante un considerable período (1939-2002) hoy nos lo presenta el Gobierno actual como razón suficiente para justificar que deben quedarse en el Archivo General de la Guerra Civil de Salamanca donde actualmente residen. Sin embargo, este argumento resulta baldío cuando se considera que este archivo hasta hace pocos años no era más que un almacén policial, y sólo fue institucionalizado en los postreros años 90, posiblemente como paso previo y deliberado a la no-devolución de materiales confiscados por la dictadura. Las especificaciones de UNESCO respecto a la necesidad de devolver documentos a sus archivos y propietarios originarios, después de concluídos los períodos de guerra o conflicto, nunca fueron respetadas aun cuando esa devolución se hubiera podio hacer, y se puede hacer mañana, sin dañar en lo más mínimo la disponibilidad de esos documentos en Salamanca gracias a las más modernas técnicas archivísticas al uso.

Es importante recalcar que entre 1939 y 1975 no existió oportunidad alguna para exigir la devolución de estos documentos a sus archivos y propietarios originarios porque es ese período había una dictadura que mantenía al Estado alejado de la democracia y del marco europeo que hoy disfruta. Pero el Parlamento de Cataluña y las entidades afectadas por los expolios nunca dejaron de exigir esa devolución desde el momento mismo en que renació la democracia en 1978. Los expertos extra-gubernamentales han certificado que cuando se devuelvan los documentos, no sufrirá daño alguno el Archivo de Salamanca ya que se pueden conservar copias de todos los documentos devueltos.

Pero, a día de hoy, las esperanzas de una pronta devolución de los documentos ha sufrido un revés muy considerable e inesperado debido a la decisión del Patronato del Archivo General de la Guerra Civil de Salamanca (en el cual, por cierto, no hay un sólo catalán) de no devolver un sólo documento a Cataluña. Encontramos intolerable la decisión de esta entidad gubernamental. No debe sorprender que haya dado pie a una oleada de protestas en la prensa (no sólo la catalana, sino la gallega, vasca e incluso en algun diario de Madrid). Se ha considerado en diferentes medios que dicha decisión levanta sospechas respecto a la posición que mantiene sobre el golpe de Franco el actual Gobierno. También se ha interpretado como un gesto que bien poco aporta a la cultura y a la necesidad de reconciliación y entendimiento entre los pueblos que pretendía impulsar la Constitución de 1978.

Si en su día se procedió a la institucionalización de la idea de la "Ciudad Europea de la Cultura" , fue con la intención de mejorar la causa de la cultura, de fortalecer los vínculos entre las naciones y los pueblos de Europa, así como de promover los valores asociados con la diversidad cultural y la tolerancia. Por lo tanto pensamos que esta exposición de Salamanca -tal como se ha organizado y por lo que representa- es del tipo de iniciativas que la Comisión Europa no debe admitir como parte integrante de la programación de una "Ciudad Europea de la Cultura". No sólo pensamos que debía ser informada de la verdadera naturaleza de la exposición, sino que pedimos vehementemente que la Comisión tome medidas para excluirla de la programación oficial y abogar por la devolución de los documentos en cuestión. Proceder de otra forma creemos que sería un flaco favor a la democracia y los valores que con tanta sufrimiento se han incluido como pilares de la creación de la Unión Europa. Es por ello que nos gustaría mucho tener la oportunidad de expresarle personalmente nuestro posicionamiento sobre el tema, por lo cual le pedimos, en nombre de la Comisión de la Dignidad, una reunión cuanto antes para tratar del tema.

Reciba un respetuoso saludo,

Joan Boadas Presidente de l'Associació d'Arvivers de Catalunya
Professor David Cardús Emeritus Professor of Baylor College, Texas
Professor Noam Chomsky Professor at the Massachussets Institute of Technology
Joan Clos Alcalde de Barcelona
Professor Joan B. Culla Universitat Autònoma de Barcelona
Professor Susan DeGiacomo Universityof Massachussets
Pere Esteve Eurodiputat (MEP)
Professor Henry Ettinghausen Emeritus Professor of Hispanic Studies, Southampton University
Miquel Mallol Eurodiputat (MEP)
Fèlix Martí Director of the UNESCO Centre (Barcelona)
Miguel Herrero de Miñón Professor of Moral, Madrid University
Baroness Gloria Hooper Member of the European Commission
Professor James Petras Binghampton University, USA
Professor Paul Preston London School of Economics
Professor Borja de Riquer Universitat Autònoma de Barcelona
Molt Hon. Joan Rigol President del Parlament de Catalunya
Nawal el Saawadi Writer and intellectual (Egypt)
Josep Maria Sans Travé Director of the Catalan National Archive
Professor Javier Tusell UNED University Madrid
Toni Strubell (MA Oxon) Dignity Commission Coordinator

Please find adjoined to this letter the Manifesto, a list of its signatories (until 30.6.2002) and a press report.

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